Quo warranto

Un procedimiento legal durante el cual se cuestiona el derecho de una persona a ocupar un cargo o privilegio gubernamental.

En la antigua práctica inglesa, la orden de quo warranto —una orden emitida por la autoridad del rey— era una de las más antiguas e importantes. Sin embargo, no se ha utilizado durante siglos, ya que el procedimiento y el efecto de la sentencia eran tan poco prácticos.

Actualmente, el procedimiento anterior ha sido reemplazado por un información en la naturaleza de una garantía quo, un recurso extraordinario por el cual un fiscal, que representa al público en general, desafía a alguien que ha usurpado un cargo público o alguien que, por abuso o negligencia, ha perdido el cargo al que tenía derecho. A pesar del hecho de que el recurso de quo warranto es perseguido por un fiscal en la mayoría de las jurisdicciones, generalmente se considera una acción civil en lugar de criminal. Quo warranto es a menudo el único recurso legal adecuado; sin embargo, la legislatura puede promulgar leyes o proporcionar otras formas de alivio.

Los estatutos que describen quo warranto suelen indicar dónde es apropiado. Por lo general, es apropiado tratar la cuestión de si se está abusando de un cargo o autoridad pública. Por ejemplo, podría utilizarse para impugnar el ejercicio no autorizado de una profesión, como el derecho o la medicina. En tales situaciones, la impugnación es una afirmación de que la acusada no está calificada para ocupar el cargo que afirma: un médico, por ejemplo.

En algunos procedimientos quo warranto, la cuestión es si el acusado tiene derecho a ocupar el cargo que afirma o ejercer la autoridad que presume tener del gobierno. Además, los procedimientos han cuestionado el derecho al cargo de comisionado del condado, tesorero, miembro de la junta escolar, fiscal de distrito, juez o comisionado de impuestos. En ciertas jurisdicciones, quo warranto es un procedimiento adecuado para desafiar a las personas que actúan como funcionarios o directores de corporaciones comerciales.

Un fiscal normalmente inicia los procedimientos quo warranto; sin embargo, una ley puede autorizar a un particular a hacerlo sin el consentimiento del fiscal. A menos que la ley disponga lo contrario, un tribunal permite la presentación de una información en la naturaleza de quo warranto después de un ejercicio de sana discreción, ya que quo warranto es un ejercicio extraordinario de poder y no debe invocarse a la ligera. Quo warranto no es un derecho disponible simplemente porque se presentan los documentos legales apropiados. Se debe indicar una razón válida para justificar la interferencia del gobierno con la persona que ostenta el cargo, el privilegio o la licencia impugnados.