A partir de la década de 1960, el Congreso aprobó una serie de leyes que prohíben la discriminación laboral basada en una variedad de factores. Estas leyes son la base de las prácticas laborales justas en los Estados Unidos. El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, además de prohibir la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, también establece la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU. El Congreso acusó a la EEOC de hacer cumplir las prácticas laborales justas.
Las leyes adicionales que hace cumplir la EEOC son: (1) la Ley de Igualdad de Pago de 1963 (EPA), una enmienda a la Ley de Normas Laborales Justas de 1938 que prohíbe la discriminación por motivos de género en la compensación por trabajos similares en condiciones similares; (2) Ley contra la discriminación por edad en el empleo de 1967 (ADEA) que prohíbe la discriminación laboral contra personas de 40 años o más; (3) Sección 501 de la Ley de Rehabilitación de 1973 que prohíbe la discriminación laboral contra empleados federales con discapacidades; (4) Título I de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA) que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de discapacidad en los sectores público y privado, excluyendo al gobierno federal; y (5) la Ley de Derechos Civiles de 1991 que incluye disposiciones sobre daños monetarios en casos de discriminación intencional.
La EEOC tiene 50 oficinas de campo en todo Estados Unidos. Investiga las quejas de discriminación laboral presentadas por individuos o grupos como sindicatos y agencias de empleo. Si la EEOC encuentra "causa razonable" que la discriminación ocurrió y busca una resolución voluntaria de la disputa. Si la resolución voluntaria no tiene éxito, la EEOC puede entablar una demanda en un tribunal federal.
La EEOC emite una guía para interpretar las leyes que hace cumplir, administra el programa de discriminación laboral del sector federal y proporciona una amplia educación y divulgación con seminarios y con información en Internet. Proporciona fondos y presta apoyo a aproximadamente 90 agencias de prácticas laborales justas estatales y locales que procesan reclamos por discriminación bajo las leyes federales, así como cargos por discriminación laboral estatales y locales.