Ley de corporaciones de servicios legales (1974)

Travis McDade

Extracto de la Ley de Corporaciones de Servicios Legales

El Congreso determina y declara que:

  1. existe la necesidad de brindar acceso equitativo al sistema de justicia equitativa en nuestra Nación para las personas que buscan reparación de agravios;
  2. existe la necesidad de brindar asistencia legal de alta calidad a aquellos que de otra manera no podrían pagar un asesoramiento legal adecuado y continuar con el actual programa de servicios legales vitales;
  3. brindar asistencia legal a quienes enfrentan una barrera económica para obtener un asesoramiento legal adecuado servirá mejor a los fines de la justicia;
  4. para muchos de nuestros ciudadanos, la disponibilidad de servicios legales ha reafirmado la fe en nuestro gobierno de leyes;

En 1964, en un esfuerzo por combatir la pobreza en los Estados Unidos, el Congreso aprobó la Ley de Oportunidades Económicas. Aunque no había disposiciones específicas en la ley relacionadas con los servicios legales, las Enmiendas de Oportunidades Económicas de 1967 agregaron específicamente un programa de servicios legales para "promover la causa de la justicia entre las personas que viven en la pobreza mediante la movilización de la asistencia de abogados e instituciones legales". El programa fue único en el sentido de que ofreció recursos federales a personas que de otra manera no podrían pagar ayuda en litigios civiles. Ubicado dentro de la Oficina de Oportunidades Económicas, el poder ejecutivo administraría los servicios legales.

En 1971, el presidente recomendó que, en lugar de retener el programa de Servicios Legales dentro de la rama ejecutiva, el Congreso estableciera una corporación independiente sin fines de lucro para que asumiera las funciones del programa. Durante dos años, el Congreso consideró la legislación para crear la Corporación de Servicios Legales (LSC), pero los miembros no estaban de acuerdo sobre su estructura. Finalmente, en 1974, el Congreso aprobó la Ley de Corporaciones de Servicios Legales (LSCA) (PL 93-355, 88 Stat. 378) y el presidente la convirtió en ley.

En su objetivo general, el LSC era similar al programa de Servicios Legales que había existido bajo la Oficina de Oportunidades Económicas: brindar ayuda legal de calidad en el ámbito de la justicia civil a personas que de otro modo no podrían pagarla. Sin embargo, en sus detalles prácticos, la ley de 1974 fue muy diferente. Había dos diferencias importantes en el LSC creado por la ley de 1974.

Primero, la LSC iba a ser una corporación independiente. El programa de Servicios Jurídicos ha estado sujeto a las exigencias políticas del momento. Dependiendo del director, el programa podría tener una agenda radicalmente diferente de una administración a otra. Esta politización fue perjudicial para un funcionamiento consistente y uniforme del programa. El nuevo LSC debía estar aislado, en la medida de lo posible, de las preocupaciones políticas. El presidente, con el consejo y consentimiento del Senado, nombró a los once miembros de la junta directiva. Cada miembro de la junta no podía servir por más de dos períodos consecutivos de tres años. Además, no más de seis miembros de la junta pueden ser de un partido político.

En segundo lugar, la LSCA prohibió a la LSC participar en conductas políticas. Lo que esto significaba era que ningún empleado de LSC, en su capacidad oficial, debía alentar o participar en la disensión pública o en piquetes, desobediencia civil o huelga. El LSC tampoco podía intentar influir en la aprobación o la derrota de una legislación, o hacer campaña a favor de cualquier medida, iniciativa, referéndum o candidato.

En 1977, la LSCA fue enmendada para abordar las deficiencias de la ley original. Las enmiendas requerían que la LSC estableciera procedimientos para determinar las prioridades de los servicios, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes elegibles para recibir asistencia, incluidas las personas con discapacidades y otras personas que enfrentan dificultades especiales para acceder a los servicios legales.