Juez de instrucción español.
Baltasar Garzón trabajó para convertir la causa de los derechos humanos en un asunto de acción judicial extraterritorial. Nació en la localidad de Villa de Torres, en el sur de España, y se convirtió en juez provincial a la edad de veintitrés años, tres años después de la muerte del dictador derechista Francisco Franco (1892-1975). Garzón fue nombrado juez de la Audiencia Nacional en 1987 y se desempeñó como uno de los seis jueces de instrucción.
En 1993 dejó el poder judicial y se presentó como candidato socialista al parlamento, donde ganó un escaño. Un año después, regresó al banco, donde sintió que podía marcar más la diferencia. Su trabajo en este puesto fue tanto de alto perfil como políticamente explosivo. Investigó la actividad criminal de los Grupos Armados de Liberación (GAL), un escuadrón de asesinatos creado a principios de la década de 1980 por el gobierno socialista de España para eliminar a los separatistas vascos. Siguieron acusaciones y condenas. Durante la siguiente década, su trabajo de investigación se amplió para incluir la recopilación de pruebas sobre el tráfico de drogas, la corrupción política y el terrorismo islámico. Todas estas actividades delictivas son de carácter transnacional. En estas indagatorias, Garzón alteró el campo del derecho penal internacional al insistir en su derecho a investigar los delitos cometidos contra ciudadanos españoles dondequiera que tuvieran lugar. También dejó en claro que destacadas figuras políticas no eran inmunes a su investigación.
Se hizo prominente internacionalmente por una orden de arresto internacional que emitió en octubre de 1998 para detener al exjefe de Estado chileno Augusto Pinochet (n. 1915). Esta orden surgió de la investigación de Garzón sobre la Operación Cóndor, una operación coordinada entre gobiernos sudamericanos para asesinar a figuras de la oposición que viven fuera de sus fronteras. El asesinato de ciudadanos españoles en Buenos Aires se remonta a la policía secreta chilena. La orden de arresto le fue entregada a Pinochet en Londres mientras recibía atención médica. La lucha legal de quince meses resultante produjo un resultado desigual. Por un lado, los Lores de la Cámara de los Lores dictaminaron que la posición de Pinochet como exjefe de Estado no le otorgaba inmunidad frente a las acusaciones de que ordenó la tortura y asesinato de ciudadanos españoles en Buenos Aires en los años setenta y ochenta. Los deberes de un jefe de estado nunca se definieron para incluir la tortura y, por lo tanto, estaba abierto a enjuiciamiento por tales delitos. Además, la Convención Internacional contra la Tortura se ha incorporado al derecho británico y, por lo tanto, los tribunales británicos están legitimados para conocer del caso. Por otro lado, el testimonio médico convenció al ministro del Interior británico de que Pinochet estaba demasiado enfermo para enfrentar estos cargos; regresó a Chile, pero Garzón había establecido el principio de que las violaciones de derechos humanos en un país podían ser procesadas en un segundo país a instancias de un magistrado en un tercero. La aplicación de las convenciones de derechos humanos, como las relativas a la tortura, es ahora una cuestión de derecho internacional.
En este contexto, Garzón continuó su investigación sobre la Operación Cóndor, incluso solicitando el testimonio de Henry Kissinger, el secretario de Estado estadounidense en la década de 1970. En 2003, un juez mexicano aceptó su solicitud de detención de un argentino que trabajaba en México; el resultado fue la detención de uno de los torturadores que había operado en Buenos Aires a fines de la década de 1970. En 2001 dictó acusaciones contra miembros del movimiento separatista vasco sospechosos de estar implicados en actividades delictivas. En 2003 investigó el alcance internacional de Al Qaeda y otros grupos islámicos en España y el norte de África. Recopiló pruebas de corrupción que involucraban a compañías de televisión propiedad del primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Una vez más, se señaló el punto: los tribunales nacionales pueden estar sujetos a presiones políticas. Los magistrados de otros países que, como Garzón, se ocupaban de actividades delictivas de carácter transnacional, tenían derecho a incautar documentos y obtener testimonios que antes estaban restringidos únicamente a los nacionales. Así, su trabajo ayudó a erosionar la soberanía estatal en el mismo momento en que se estaba produciendo la expansión y el fortalecimiento de la Unión Europea.
Garzón llegó a representar el principio de justicia universal en un momento en que la globalización del comercio y la migración iba acompañada de la globalización del crimen y la conspiración. También encarna los principios enunciados en los juicios de Nuremberg en 1946, pero rara vez aplicados a partir de entonces, que los crímenes de Estado son crímenes y que, con respecto a los crímenes de lesa humanidad, ningún jefe de Estado es intocable.